
La elección del magistrado de la Corte Constitucional trasciende la renovación del tribunal y se convierte en una medición de fuerzas entre el Gobierno y la oposición. El resultado, que se definirá por un margen estrecho, tendrá un impacto significativo en la gobernabilidad, el trámite de las reformas y la independencia de la rama judicial en los próximos años.