
El aplazado debate sobre la emergencia económica evidencia un choque institucional significativo entre el Ejecutivo y el Legislativo. La decisión del Gobierno de usar esta herramienta excepcional para legislar en materia fiscal y su posterior ausencia en la citación del Congreso han agudizado las tensiones políticas, preparando el terreno para una confrontación crítica sobre la separación de poderes y la justificación de la medida.




