Noticias cortas: Calendario político

La consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre es un evento crucial para definir su candidato presidencial y sus listas al Congreso para 2026.

A pesar de conflictos internos y desafíos legales que amenazaron con cancelarla, decisiones judiciales y el respaldo presidencial han mantenido el proceso en pie.

La contienda entre Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero medirá las fuerzas internas de la coalición y sentará las bases para la estrategia electoral del progresismo.

El tercer debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, previsto para mediados de octubre, será crucial para su supervivencia. El Gobierno carece de los votos necesarios y enfrenta una oposición unificada y una propuesta alternativa de antiguos aliados. El debate se ha visto empañado por enfrentamientos públicos entre el Ejecutivo y líderes regionales, llevando al Gobierno a advertir sobre un “bloqueo institucional” que podría justificar una Asamblea Constituyente.

El Presupuesto General de la Nación para 2026 será debatido en las plenarias del Congreso antes del 20 de octubre, tras un acuerdo en comisiones para reducir su monto en $10 billones. Esta concertación evitó que el Gobierno lo expidiera por decreto, pero la aprobación final sigue siendo un reto clave que pondrá a prueba la capacidad de negociación del Ejecutivo con un Congreso fragmentado, mientras persiste la incertidumbre sobre cómo se financiará el déficit restante.

Las elecciones de los Consejos de Juventud del 19 de octubre representan un significativo esfuerzo nacional para fomentar la participación política de los jóvenes. Con una inscripción masiva de candidatos en todo el país, esta jornada electoral ofrece una plataforma formal para que la juventud influya en las políticas públicas locales y supervise la gestión municipal, buscando así combatir la apatía y construir una nueva generación de líderes.

El paro nacional convocado por Fecode para el 30 de octubre evidencia la crítica situación del sistema de salud de los maestros y la urgencia de reglamentar la financiación de la educación. Aunque el sindicato lo presenta como un llamado a la acción y no como una confrontación, la movilización ejerce una presión significativa sobre el Gobierno por parte de uno de sus principales aliados sociales, exigiendo el cumplimiento de compromisos pendientes en derechos fundamentales.

La reforma a la Ley 30, que busca garantizar una financiación estable y adecuada para la educación superior pública, enfrenta sus dos debates finales en la Cámara de Representantes. La movilización estudiantil convocada para el 10 de octubre se perfila como un factor determinante para presionar al Congreso a aprobar una reforma considerada histórica para asegurar la sostenibilidad del sistema y consolidar la educación como un derecho fundamental.

La nueva Ley Minera, ya radicada en el Congreso, representa un cambio fundamental en el enfoque de Colombia hacia sus recursos naturales. Los próximos debates legislativos serán determinantes para definir un nuevo modelo que busca alinear la minería con la protección ambiental, la justicia social y los objetivos de transición energética del Gobierno, fortaleciendo el control estatal sobre el sector.

El 8 de enero de 2026 es la fecha límite para que los ciudadanos inscriban su cédula y puedan participar en las elecciones legislativas y presidenciales de ese año. La Registraduría ha desplegado una estrategia para facilitar el trámite y combatir la abstención, siendo este un paso crucial para asegurar una amplia participación democrática en los próximos comicios nacionales.

El aplazamiento de la nueva audiencia de imputación contra Nicolás Petro hasta noviembre de 2025 extiende la saga judicial que rodea al hijo del presidente.

El caso, centrado en presunta corrupción en contratos públicos, avanza en paralelo a su juicio por enriquecimiento ilícito, manteniendo una fuerte presión política y mediática sobre el Gobierno Nacional.

El proyecto de reforma constitucional radicado por el Centro Democrático inicia una nueva batalla legislativa en torno al Acuerdo de Paz. La propuesta de permitir que la justicia ordinaria revise fallos de la JEP para militares reaviva las tensiones fundamentales sobre el modelo de justicia transicional, enfrentando la visión de la oposición con la arquitectura institucional pactada en La Habana.