Noticias cortas: Calendario político

El Presupuesto de 2026 genera una fuerte tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras el Gobierno lo defiende como necesario para sus programas sociales, congresistas de diversas bancadas lo critican por su dependencia de ingresos inciertos de una reforma tributaria, el aumento del gasto burocrático sobre la inversión y una posible estrategia para que sea aprobado por decreto ante un eventual rechazo del Congreso.

La radicación de la reforma tributaria el 1 de septiembre abre un nuevo y complejo pulso político. El Gobierno la considera indispensable para la sostenibilidad fiscal, mientras que congresistas de oposición y algunos independientes la ven como una carga excesiva para los ciudadanos y las empresas, anticipando un trámite legislativo difícil y con pocas probabilidades de ser aprobada en su totalidad.

La reforma pensional se encuentra en un limbo jurídico mientras la Corte Constitucional evalúa su legalidad, en medio de un fuerte enfrentamiento político entre el Gobierno y la oposición. A pesar de ello, el Ejecutivo ha decidido avanzar con la implementación de uno de sus componentes sociales clave, el Pilar Solidario, anticipando los beneficios de una ley cuya vigencia aún no está garantizada.

La implementación de la reforma laboral avanza a través del diálogo concertado en la Comisión Permanente, con un enfoque en la reglamentación de la negociación colectiva. Mientras el Gobierno celebra los resultados positivos en empleo y salario mínimo, el Ministerio de Trabajo prepara un plan para duplicar el número de inspectores y asegurar el cumplimiento de la nueva ley en todo el país.

Impulsado por el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, un proyecto de ley en el Congreso busca una reforma estructural al sistema penal juvenil. La propuesta pretende eliminar los beneficios de penas reducidas para menores que cometan delitos de alto impacto y crear un sistema de antecedentes judiciales, en medio de un fuerte debate sobre la proporcionalidad de las sanciones y la instrumentalización de jóvenes por parte del crimen organizado.

Un nuevo proyecto de ley radicado en el Senado busca que el feminicidio no prescriba, con el fin de combatir la alta impunidad que rodea este delito. La iniciativa, inspirada en un caso emblemático de perseverancia por la justicia, pretende que los responsables no puedan beneficiarse de la extinción de la acción penal por el paso del tiempo, en un país donde se registran casi dos feminicidios al día.

El proyecto de ley busca alinear la legislación colombiana con estándares internacionales en protección de datos, como los de la Unión Europea y Brasil. La reforma pretende generar confianza para la inversión, ampliar la protección a los ciudadanos en entornos digitales, regular el uso de datos por parte de agentes internacionales y fortalecer las capacidades sancionatorias del Estado.

La propuesta del presidente Petro de crear una sala ambiental en la Corte Suprema busca establecer un mecanismo judicial de alto nivel para abordar los conflictos socioambientales. Esta iniciativa se enmarca en una reflexión más amplia sobre la necesidad de una nueva institucionalidad que pueda responder a las crisis globales y garantizar que la protección de la vida prevalezca sobre los intereses económicos.

La reforma a la Ley de Cultura se encuentra en una etapa avanzada en el Congreso y promete modernizar el marco normativo del sector. La iniciativa, construida de forma participativa, busca dignificar el trabajo de los artistas, ampliar el reconocimiento a nuevas expresiones culturales y aumentar los recursos destinados a la cultura a través de mecanismos como la estampilla Procultura.

La elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional el 5 de septiembre es un evento legislativo de alta importancia. La decisión del Congreso no solo completará una vacante en el alto tribunal, sino que también enviará una señal sobre la independencia de la justicia y el equilibrio de poderes en un momento de fuerte polarización política.