
La confirmación de la muerte de más de una docena de menores en bombardeos militares ha generado una crisis política y un profundo debate ético y jurídico en Colombia. Mientras el Gobierno defiende la legitimidad de las operaciones bajo el DIH para neutralizar amenazas, la Defensoría del Pueblo y otros sectores exigen la suspensión de estos ataques y priorizar la protección de los menores reclutados. La controversia pone en evidencia la trágica paradoja de los niños soldados, víctimas del reclutamiento forzado que terminan convertidos en objetivos militares, y la responsabilidad del Estado en minimizar los daños colaterales.










