
La muerte de quince menores reclutados en bombardeos ha generado una crisis política y humanitaria. Mientras el Gobierno defiende la legitimidad de las operaciones militares como necesarias para la seguridad, la Defensoría del Pueblo y otros organismos exigen un cese de los ataques aéreos, priorizando la protección de los menores como víctimas del conflicto. El debate sobre la aplicación del DIH y la responsabilidad del Estado está en el centro de la discusión nacional.











