
La muerte de quince menores en operaciones militares ha generado una profunda crisis política y ética en Colombia. El gobierno justifica las acciones como una necesidad militar para proteger a sus tropas, mientras que organizaciones de derechos humanos y sectores políticos exigen la suspensión de los bombardeos, argumentando que la protección de la niñez, víctima de reclutamiento forzado, debe prevalecer sobre cualquier objetivo militar.










