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El proyecto de reforma tributaria del Gobierno se encuentra en un punto muerto en el Congreso, con una fuerte oposición que ha presentado ponencias de archivo y ha dificultado el debate por falta de quórum. El futuro de la iniciativa, clave para financiar el presupuesto de 2026, es incierto y depende de la capacidad del Ejecutivo para construir los consensos necesarios en un tiempo limitado.

A pesar de un crecimiento interanual, el recaudo de la DIAN para 2025 se quedará corto en aproximadamente $11 billones frente a la meta oficial. Factores como las altas tasas de interés y la revaluación del peso han mermado los ingresos, lo que aumenta la presión para la aprobación de la reforma tributaria como mecanismo para estabilizar las finanzas del país.

Para asegurar el avance de la reforma tributaria, el Gobierno cedió en puntos sensibles y retiró los impuestos propuestos para combustibles, iglesias y eventos culturales.

Aunque estos cambios facilitan la negociación política, también reducen considerablemente el recaudo esperado, obligando a reajustar las expectativas fiscales del Ejecutivo.

En una medida de fiscalización sin precedentes, la DIAN está requiriendo a 3.086 empresas por no cumplir con la Tasa Mínima de Tributación del 15 %. Esta acción, derivada de la reforma de 2022, busca corregir la liquidación del impuesto de renta y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, con un enfoque inicial persuasivo que podría escalar a investigaciones formales.

La DIAN ha puesto en marcha un plan de control exhaustivo sobre la facturación electrónica, con miles de visitas programadas a comercios durante la temporada de fin de año. La medida busca asegurar la correcta expedición de este documento, prevenir la evasión fiscal y aplicar sanciones, que pueden llegar al cierre del negocio, a quienes incumplan la normativa.

Ante el estancamiento de la reforma tributaria del Gobierno, el Congreso impulsa un Plan de Reactivación Económica como alternativa. Este proyecto, centrado en amnistías, descuentos para deudores y normalización de capitales, podría generar un recaudo significativo y ofrecer un camino alternativo para las finanzas públicas si la propuesta oficial es archivada.

La propuesta de reforma tributaria incluye un capítulo de alivios fiscales que busca recuperar cartera morosa mediante una reducción temporal de sanciones e intereses. Esta medida, junto con la reactivación del impuesto de normalización, pretende ofrecer a los deudores una oportunidad para regularizar su situación y, al mismo tiempo, generar un recaudo adicional para las finanzas públicas.

Mediante un atractivo descuento del 70 % en intereses y sanciones, la Alcaldía de Montería ha logrado un recaudo significativo y ha motivado a más de 3.000 contribuyentes a ponerse al día. Esta estrategia de alivio fiscal, combinada con medidas de cobro coactivo, busca fortalecer las finanzas locales y financiar el desarrollo de la ciudad.

A través de una Feria Nacional de Servicios, la DIAN busca recuperar $6,7 billones adeudados por 43.000 contribuyentes morosos en todo el país. La iniciativa ofrece facilidades de pago y asesoría personalizada como una última oportunidad para que los deudores regularicen su situación antes de que la entidad avance con procesos de cobro coactivo.

La reforma tributaria apunta a redefinir la carga fiscal de sectores estratégicos, proponiendo hacer permanente un impuesto a la extracción de petróleo y carbón.

Al mismo tiempo, busca diferenciar los beneficios para vehículos híbridos, aumentando el IVA a las tecnologías menos eficientes para acelerar la transición hacia una movilidad más limpia.