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El Gobierno impulsa una reforma tributaria de $26,3 billones, crucial para financiar el presupuesto de 2026, mediante nuevos y mayores impuestos a diversos sectores.

La magnitud de la propuesta la convierte en un punto central del debate económico y político, con un resultado incierto en el Congreso.

La reforma tributaria enfrenta un panorama hostil en el Congreso, donde una coalición de opositores y partidos independientes la considera fiscalmente irresponsable. El Gobierno deberá librar una intensa batalla política para convencer a un legislativo escéptico y evitar el fracaso de su principal fuente de financiación para 2026.

La DIAN está aplicando sanciones a quienes presentan la declaración de renta sugerida sin verificarla, ya que la responsabilidad final es del contribuyente.

Este error puede acarrear multas de hasta el 200%, por lo que es crucial revisar y corregir el borrador antes de su presentación oficial.

Las transferencias a billeteras digitales como Nequi son consideradas consignaciones por la DIAN y se suman para alcanzar el tope que obliga a declarar renta.

Los usuarios deben monitorear todos sus movimientos financieros, incluyendo traslados entre cuentas propias, para evitar incumplir sus obligaciones tributarias.

La propuesta de restablecer una sobretasa del 20% a la energía para la industria busca financiar subsidios, pero enfrenta una fuerte resistencia por su potencial impacto inflacionario y su efecto en la competitividad empresarial. El debate se centra en el equilibrio entre la sostenibilidad fiscal, la justicia social y la salud económica de los sectores productivos del país.

La tramitación simultánea de una reforma tributaria nacional y una distrital en Bogotá genera alarma por un posible doble aumento de impuestos. Mientras la reforma de Galán busca progresividad en el predial, también plantea alzas en el ICA que, sumadas a los nuevos gravámenes nacionales, podrían afectar gravemente la economía de los capitalinos.

Es obligatorio incluir los CDT en la declaración de renta, reportando el capital invertido como parte del patrimonio y los intereses generados como ingresos.

Las entidades financieras proporcionan un certificado con la información necesaria para realizar la declaración de forma correcta y evitar sanciones.

Los declarantes de renta pueden aliviar su carga fiscal aplicando deducciones por gastos en vivienda, salud, dependientes y compras con factura electrónica, entre otros.

Es crucial conocer los topes y requisitos para aprovechar estos beneficios legales y optimizar el pago del impuesto.

Como alternativa al aumento de impuestos, el precandidato Felipe Córdoba propone una drástica reducción del IVA al 7%, financiada con un ambicioso plan de recorte del gasto estatal y una lucha frontal contra la evasión. La iniciativa busca estimular el consumo, pero su viabilidad depende de una reestructuración profunda del aparato estatal.

El Presupuesto 2026 está intrínsecamente ligado a una reforma tributaria incierta, una estrategia criticada por su alto riesgo fiscal.

Si la reforma no se aprueba, el Gobierno enfrentará la disyuntiva de recortar drásticamente la inversión pública o aumentar el endeudamiento, comprometiendo la estabilidad económica del país.