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La reforma tributaria propuesta por el gobierno Petro se encuentra en el centro de una profunda controversia, enfrentando la necesidad fiscal del Estado con las advertencias del sector privado sobre un posible deterioro de la competitividad, la inversión y el crecimiento económico del país.

La decisión del presidente Petro de no aumentar los impuestos a la gasolina y la cerveza representa una concesión política clave para asegurar la aprobación del presupuesto. Aunque alivia la presión sobre los consumidores, el Gobierno aún enfrenta el reto de financiar sus programas con una reforma tributaria de menor alcance.

La digitalización de la fiscalización de la DIAN representa un avance significativo en la lucha contra la evasión, pero al mismo tiempo impone a las empresas, especialmente a las pymes, el desafío ineludible de fortalecer sus procesos tecnológicos y de cumplimiento para evitar sanciones inmediatas que pueden comprometer su operatividad.

Existe un profundo desacuerdo sobre el impacto de la política fiscal del Gobierno. Mientras el sector privado y varios analistas presentan datos macroeconómicos para argumentar que la alta tributación está ahuyentando la inversión, el Gobierno defiende las medidas como necesarias para la sostenibilidad fiscal y la equidad.

El Gobierno, a través de la DIAN, utiliza la política fiscal como una herramienta para fomentar la sostenibilidad ambiental, ofreciendo alivios tributarios concretos que incentivan a los ciudadanos a optar por vehículos menos contaminantes y contribuir así a las metas de transición energética de Colombia.

El proceso legislativo del presupuesto ha demostrado ser un campo de batalla donde se define la política fiscal del país. El resultado final es un compromiso que ajusta el gasto público a la baja para viabilizar una reforma tributaria de menor magnitud, reflejando el balance de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Más que una simple obligación, la factura electrónica es hoy un componente estratégico del ecosistema fiscal colombiano. Facilita una fiscalización más eficiente por parte del Estado, mientras que para los ciudadanos y empresas representa una herramienta indispensable para el cumplimiento de sus obligaciones y el acceso a beneficios tributarios.

El debate sobre la tributación de los sectores financiero y asegurador encapsula la tensión central de la reforma: la búsqueda de mayores ingresos fiscales por parte del Estado frente a las advertencias del sector privado sobre los posibles efectos negativos de una carga impositiva que consideran excesiva y desproporcionada.

El debate sobre el impuesto al patrimonio evidencia una preocupación transversal: que una medida diseñada para gravar a los más ricos termine por asfixiar la capacidad de inversión y crecimiento del tejido empresarial, especialmente de las pymes, generando un “shock fiscal” que podría agravar la desaceleración económica.

El “Descuentazo” del Valle del Cauca demuestra ser una herramienta eficaz de gestión tributaria que, al ofrecer incentivos tangibles, logra aumentar la recaudación de cartera morosa, fortalecer las finanzas departamentales y, al mismo tiempo, aliviar la carga financiera de los ciudadanos.