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La reforma tributaria es una pieza central del plan fiscal del Gobierno, pero enfrenta una fuerte oposición de sectores productivos que advierten sobre sus potenciales efectos negativos en la inversión, el crecimiento económico y la competitividad del país.

La decisión del presidente Petro de no aumentar los impuestos a la gasolina y la cerveza, motivada por la negociación del presupuesto, modifica sustancialmente el alcance de la reforma tributaria, reduciendo tanto la presión fiscal sobre los ciudadanos como las expectativas de recaudo del Gobierno.

La avanzada capacidad de fiscalización en tiempo real de la DIAN obliga a las empresas colombianas a adoptar una gestión tributaria más estratégica y tecnológicamente robusta para evitar sanciones inmediatas y asegurar su continuidad operativa.

Las críticas a la política fiscal del Gobierno se centran en que la alta carga impositiva está generando efectos adversos demostrables en la inversión y el crecimiento del PIB, lo que pone en duda la sostenibilidad y efectividad de la estrategia de recaudo.

Los contribuyentes colombianos enfrentan en octubre los últimos vencimientos para la declaración de renta 2025, siendo crucial verificar los topes patrimoniales y de ingresos para cumplir con la obligación y evitar las considerables sanciones económicas impuestas por la DIAN.

El Gobierno, a través de la DIAN, fomenta la adopción de vehículos de tecnologías limpias mediante significativos beneficios en el impuesto de renta y la exclusión de IVA, condicionados a la certificación de la UPME y al uso personal del automóvil.

La negociación del Presupuesto 2026 resultó en un recorte de 10 billones de pesos, lo que a su vez forzó al Gobierno a moderar su propuesta de reforma tributaria, demostrando la interdependencia entre las decisiones de gasto y las necesidades de financiamiento del Estado.

El propuesto aumento del impuesto de renta al 50% para bancos y aseguradoras ha creado una división: mientras el regulador financiero lo ve como una contribución necesaria de los sectores más rentables, los gremios lo consideran una medida confiscatoria que podría perjudicar la economía.

Al gravar con un 19% de IVA servicios digitales clave como el hosting y la computación en la nube, la reforma tributaria amenaza con encarecer y dificultar la transformación digital de más de 1,4 millones de microempresas en Colombia.

La facturación electrónica ha evolucionado de ser una simple obligación a una herramienta dual: por un lado, permite a la DIAN un control fiscal sin precedentes y, por otro, ofrece a los ciudadanos la posibilidad de optimizar su declaración de renta y obtener beneficios tributarios.