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La exclusión de los aumentos tributarios para la gasolina y la cerveza fue una concesión del Gobierno a cambio de la aprobación del Presupuesto 2026 con un recorte de 10 billones de pesos, aliviando la carga sobre los consumidores pero obligando a reajustar las metas de recaudo de la reforma.

Como resultado directo de la negociación política del presupuesto y la eliminación de impuestos clave, la meta de recaudo de la reforma tributaria se redujo en aproximadamente 10 billones de pesos, ajustando las aspiraciones fiscales del Gobierno para el año 2026.

La discusión del Presupuesto 2026 demostró que su aprobación estaba condicionada a la viabilidad de una reforma tributaria. El acuerdo final para reducir el monto del presupuesto fue una solución política para hacer menos necesaria y más factible la aprobación de la ley de financiamiento.

Gracias a la digitalización y la factura electrónica, la DIAN ahora puede fiscalizar y sancionar a las empresas por incumplimientos tributarios en tiempo real, lo que obliga a las compañías a fortalecer sus procesos internos y adoptar el cumplimiento como una estrategia de negocio para evitar penalizaciones inmediatas.

Diversos sectores económicos y políticos han advertido que la nueva reforma tributaria impondría una carga fiscal excesiva a las empresas, lo que, según argumentan, ya ha provocado una caída en la inversión, la desaceleración del crecimiento del PIB y la fuga de capitales, convirtiendo a Colombia en un país menos competitivo.

La propuesta de elevar el impuesto de renta al sector financiero hasta el 50 % ha provocado un enfrentamiento de posturas: mientras el Gobierno y el Superintendente Financiero la defienden como una medida de justicia fiscal, gremios como Fasecolda la califican de confiscatoria y perjudicial para la economía.

La propuesta de establecer un impuesto al patrimonio permanente ha generado controversia. Críticos y entidades como el Banco de la República advierten que la medida es antitécnica, desincentiva la inversión, podría afectar a las Pymes y contribuye a la fuga de capitales, a pesar de que el Gobierno la plantea como una herramienta de equidad fiscal.

La DIAN ha reglamentado beneficios tributarios clave, como la deducción en renta y la exclusión de IVA, para personas que compren vehículos híbridos o eléctricos de uso personal, con el fin de incentivar la transición hacia una movilidad limpia y sostenible en Colombia.

Exigir la factura electrónica se ha convertido en un requisito clave para los contribuyentes, ya que es el principal soporte validado por la DIAN para aplicar deducciones y descuentos en la declaración de renta, además de habilitar otros incentivos como la devolución del 1 % en compras.

Los contribuyentes personas naturales cuyos documentos de identidad terminan entre 57 y 00 tienen como fecha límite los meses de septiembre y octubre para presentar su declaración de renta. Es crucial verificar si se superan los topes de ingresos, patrimonio o consumos establecidos por la DIAN para cumplir con el trámite y evitar sanciones.