
La judicialización de una mujer que suplantó a una oficial del Ejército y de sus cómplices militares destapó una infiltración sin precedentes en la seguridad presidencial. El caso reveló fallas críticas que permitieron el acceso a información de inteligencia y la participación en operativos, generando una investigación a gran escala sobre la vulnerabilidad de las instituciones de seguridad del Estado.