
El ataque a dos militares en Putumayo, quemados vivos por civiles presuntamente instrumentalizados por grupos armados, subraya la grave crisis de orden público y la violación de derechos humanos en la región. La respuesta del Gobierno, que condiciona los diálogos de paz a un rechazo del acto, y la negativa del grupo armado, evidencian la complejidad del conflicto y la vulnerabilidad tanto de la Fuerza Pública como de la población civil.