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El masivo despliegue militar estadounidense en el Caribe, oficialmente una operación antinarcóticos, es percibido como una escalada de presión directa sobre el gobierno de Nicolás Maduro, generando incertidumbre sobre las verdaderas intenciones de Washington y aumentando el riesgo de inestabilidad en la región.

La movilización masiva de la Milicia Bolivariana es la principal respuesta interna del gobierno de Maduro a la presencia militar de EE. UU., funcionando como una demostración de fuerza simbólica y una herramienta de cohesión política, aunque su capacidad militar real es objeto de debate.

Mediante recompensas millonarias, designaciones terroristas y acusaciones judiciales, Estados Unidos y sus aliados regionales buscan aislar al gobierno de Maduro, presentándolo no como un actor político legítimo, sino como la cúpula de una organización criminal transnacional.

La liberación de 13 presos políticos por parte del gobierno de Maduro es un gesto significativo pero limitado, que ocurre bajo una fuerte presión internacional. Aunque es un alivio para las familias afectadas, no soluciona la problemática de fondo de la persecución política en Venezuela, donde cientos de personas continúan detenidas.

La negación del Cartel de los Soles por parte del presidente Gustavo Petro marca un notable distanciamiento de la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Su contrapropuesta de una 'Junta del Narcotráfico' busca redefinir el problema del narcotráfico en la región, apartando la responsabilidad del Estado venezolano y promoviendo una solución basada en la cooperación trilateral.

La comunidad internacional muestra una clara división frente al despliegue militar de EE.

UU. cerca de Venezuela.

Mientras aliados como Trinidad y Tobago y Francia apoyan la justificación antinarcóticos, actores regionales clave como Brasil y Colombia, junto con potencias como China, lo condenan por considerarlo una amenaza a la soberanía y la estabilidad regional.

Ante la presión de EE. UU., Nicolás Maduro ha respondido con una estrategia dual: por un lado, busca consolidar el apoyo de aliados clave como China y bloques regionales como el ALBA; por otro, profundiza la militarización de su gobierno, integrando a las milicias en la seguridad interna y otorgando rangos militares a figuras diplomáticas.

La oposición venezolana muestra un frente diverso ante la crisis: María Corina Machado promueve la desobediencia civil interna, Leopoldo López aboga por un apoyo internacional focalizado para desmantelar la estructura criminal del Estado, y Henrique Capriles rechaza categóricamente cualquier intervención militar extranjera.

La activación de una zona binacional en la frontera colombo-venezolana marca un paso hacia la cooperación económica y de seguridad. Mientras Maduro la presenta como una medida para la paz y el desarrollo, el gobierno colombiano ha subrayado que su alcance es estrictamente civil y no militar, buscando disipar temores en medio de la tensión regional.

La participación de Venezuela en la Cumbre Amazónica evidencia su rol activo en los foros multilaterales de la región, utilizando esta plataforma tanto para contribuir a las políticas ambientales como para posicionar su discurso de soberanía y defensa frente a las tensiones con Estados Unidos.