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La masiva movilización militar de Estados Unidos en el Caribe, justificada como una operación antinarcóticos, ha sido interpretada como una grave escalada de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, generando temores de una posible intervención y alterando el equilibrio geopolítico regional.

El gobierno de Venezuela reaccionó al despliegue naval estadounidense ordenando la movilización masiva de su milicia civil, una medida que combina la preparación defensiva con una fuerte retórica nacionalista para unificar a sus bases frente a lo que percibe como una amenaza directa a su soberanía.

Estados Unidos ha recrudecido su presión sobre Venezuela al aumentar significativamente la recompensa por Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, acusándolos formalmente de liderar el 'Cartel de los Soles'.

Esta estrategia de judicialización del conflicto sirve como justificación para sus acciones diplomáticas y militares en la región.

La liberación de 13 presos políticos, incluyendo al exdiputado Américo De Grazia, representa un avance en las negociaciones de un sector de la oposición con el gobierno. Sin embargo, la medida es considerada insuficiente por organizaciones de derechos humanos, que denuncian que más de 900 personas continúan detenidas por motivos políticos en Venezuela.

La creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos ha evidenciado las distintas visiones estratégicas dentro de la oposición. María Corina Machado promueve la desobediencia civil como una forma de acelerar la caída del régimen, mientras que Henrique Capriles aboga por una salida pacífica y rechaza la intervención militar extranjera.

La movilización militar estadounidense ha reavivado el debate sobre una posible intervención en Venezuela.

Mientras las comparaciones con la invasión de Panamá de 1989 alimentan los temores, muchos analistas consideran que se trata más de una compleja operación de presión psicológica y disuasión que de los preparativos para una guerra abierta.

El anuncio de Nicolás Maduro sobre la activación de una zona económica binacional con Colombia busca proyectar una imagen de cooperación y desarrollo fronterizo. No obstante, la falta de detalles concretos y el tenso ambiente geopolítico regional generan serias dudas sobre la implementación y el éxito real de la iniciativa.

La acusación de que el gobierno venezolano opera como el 'Cartel de los Soles' es el pilar de la estrategia estadounidense. Esta narrativa de 'narcoterrorismo', supuestamente apoyada por testimonios de narcotraficantes, proporciona a Washington la justificación legal y política para imponer sanciones, ofrecer recompensas millonarias y realizar despliegues militares en la región.

La operación militar estadounidense en el Caribe ha sido mayoritariamente rechazada por los principales actores de América Latina, quienes la ven como una amenaza a la estabilidad regional y una violación de los principios de no intervención.

Esta postura ha aislado a Washington en su enfoque coercitivo y ha impulsado a Venezuela a buscar apoyo en sus aliados regionales.

La Cumbre Amazónica de Bogotá logró que los ocho países miembros, incluido Venezuela, acordaran una hoja de ruta común para la protección de la selva. La firma de la 'Declaración de Bogotá' y el respaldo a fondos de financiación marcan un paso importante hacia una posición regional unificada de cara a la COP30, mostrando que la cooperación ambiental persiste a pesar de las tensiones políticas.