
Estados Unidos ha posicionado una importante fuerza naval en el Caribe, oficialmente para operaciones antidrogas, pero Venezuela la percibe como una amenaza militar directa, lo que ha provocado una grave escalada en las tensiones regionales.
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Estados Unidos ha posicionado una importante fuerza naval en el Caribe, oficialmente para operaciones antidrogas, pero Venezuela la percibe como una amenaza militar directa, lo que ha provocado una grave escalada en las tensiones regionales.
El gobierno de Venezuela ha respondido a la presencia militar estadounidense con una estrategia de defensa nacional que incluye amenazas de conflicto armado y la movilización masiva de su milicia civil, enmarcando estas acciones como una medida defensiva para proteger la soberanía nacional.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), bajo el liderazgo de Colombia, celebró una reunión de emergencia para abordar el despliegue militar de EE. UU., reafirmando el compromiso de la región con la paz y rechazando la intervención extranjera.
Estados Unidos ha enmarcado sus acciones contra Venezuela como una operación de contranarcoterrorismo, apuntando específicamente al presunto "Cartel de los Soles" y ofreciendo una recompensa multimillonaria por el presidente Maduro, una medida que ha sido secundada por varios aliados regionales.
El enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela ha dividido a América Latina; algunas naciones apoyan la postura antidrogas de Washington, mientras que otras la condenan como intervencionismo, poniendo de manifiesto profundas fallas geopolíticas en el hemisferio.
Más allá de la justificación oficial de la lucha contra el narcotráfico, múltiples informes sugieren que la principal motivación de la presión estadounidense sobre Venezuela es obtener acceso y control sobre las inmensas reservas de petróleo del país, siguiendo patrones históricos de política exterior impulsada por los recursos.
Un presunto incidente de disparos contra una embarcación electoral guyanesa cerca de la frontera con Venezuela ha elevado drásticamente las tensiones sobre el disputado territorio del Esequibo, complicando aún más una situación regional ya de por sí volátil.
Ecuador ha endurecido su política migratoria al exigir una nueva visa de tránsito temporal a ciudadanos de varios países, entre ellos Venezuela, lo que añade un nuevo obstáculo para los migrantes y refugiados en la región.
Una ONG venezolana alega que la masiva campaña de reclutamiento para la milicia del gobierno implica coacción y alistamiento forzoso de trabajadores del sector público y jóvenes, lo que contradice la narrativa oficial de participación voluntaria y plantea preocupaciones sobre derechos humanos.
Colombia se ha posicionado como un mediador regional clave, condenando una posible intervención estadounidense y promoviendo una solución diplomática, al tiempo que aumenta la coordinación militar con Venezuela para gestionar la seguridad en su volátil frontera compartida.