
La administración de Santa Marta ha decidido criminalizar la adulteración de placas vehiculares, tratando a los infractores como delincuentes en lugar de simples contraventores de tránsito. Esta medida busca combatir el uso de esta práctica en la comisión de delitos graves y mejorar la seguridad ciudadana mediante operativos reforzados y la judicialización de los responsables.