
El atentado en Loreto, atribuido a una retaliación del Frente 36 de las disidencias de las FARC, no afectó el servicio eléctrico pero sí provocó una respuesta contundente de las autoridades. Se desplegaron 100 militares, se ofreció una recompensa de $200 millones y se intensificaron los operativos, evidenciando la determinación de la administración para combatir la presencia de grupos armados en la ciudad.