
La administración de Medellín sostiene que enfrenta una campaña de difamación orquestada por grupos criminales en represalia por sus operativos de seguridad. La denuncia formal ante la Fiscalía y las medidas internas reflejan una postura de cero tolerancia tanto con la criminalidad externa como con la posible corrupción interna, en medio de un clima de alta tensión política.