
La decisión del gobierno israelí de prohibir a 37 ONG internacionales operar en Gaza y Cisjordania intensifica significativamente la crisis humanitaria existente. Justificada por el incumplimiento de nuevas normativas de registro, esta medida sigue a una prohibición previa contra la UNRWA y ha generado una amplia condena internacional, amenazando con deteriorar aún más las condiciones de vida de la población civil palestina.




