
La crisis del PAE en el Tolima, marcada por la suspensión del servicio, una investigación por sobrecostos y disputas políticas, se resolvió temporalmente con aportes adicionales de la Gobernación y los municipios para finalizar 2025. El Gobierno Nacional garantizó un aumento presupuestal significativo para 2026, buscando asegurar la sostenibilidad del programa.