
La crisis del PAE en el Tolima, marcada por la suspensión del servicio y disputas políticas, se resolvió con una inyección de recursos locales y un significativo aumento del presupuesto nacional para 2026. El episodio dejó en evidencia fallas de gestión y la necesidad de una mayor articulación interinstitucional, además de motivar investigaciones por parte de los organismos de control.