
La suspensión del PAE en el Tolima es el resultado de un conflicto administrativo y financiero entre la Nación y la Gobernación. Mientras el Gobierno Nacional afirma haber cumplido con sus giros y culpa a la mala planificación local, la administración departamental solicita más fondos.
Este impasse ha dejado a más de 77.000 estudiantes sin alimentación, comprometiendo su bienestar y su proceso educativo.