
La crisis del PAE en el Tolima se deriva de un conflicto de responsabilidades financieras entre la Gobernación y el Gobierno Nacional. Mientras la administración departamental alega insuficiencia de fondos nacionales, el Ejecutivo central la acusa de mala planeación, reducción de su propio aporte y sobrecostos. La suspensión afecta a más de 77.000 estudiantes, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria y su continuidad en el sistema educativo.