
Dos ataques coordinados en Antioquia y Cali, atribuidos a disidencias de las FARC, dejaron al menos 18 muertos y decenas de heridos, lo que llevó al Gobierno a declarar a los grupos responsables como organizaciones terroristas e intensificar las medidas de seguridad. Los eventos marcan una severa escalada de violencia y ponen la política de “paz total” bajo intenso escrutinio.