Noticias cortas: Derechos Humanos

La UBPD actualizó la cifra de personas desaparecidas por el conflicto armado a 132.877, un aumento de casi 6.000 casos. A pesar de los esfuerzos técnicos de la entidad, persiste una gran brecha entre el número de víctimas y las solicitudes formales de búsqueda, un desafío agravado por el miedo y el desconocimiento que enfrentan las familias buscadoras.

La sanción de siete años de internamiento para el menor que asesinó al senador Miguel Uribe Turbay ha provocado una ola de críticas. Políticos y la familia de la víctima argumentan que la ley actual es demasiado laxa, lo que incentiva a los grupos criminales a utilizar a menores de edad para cometer delitos graves, generando un debate sobre la necesidad de reformar el sistema de justicia juvenil en Colombia.

El secuestro de 34 militares en Guaviare por civiles, presuntamente instrumentalizados por disidencias de las FARC, ha sido calificado por el Gobierno como una grave violación al DIH. Mientras una delegación oficial busca una liberación negociada, se han desplegado fuerzas especiales como plan alterno, en un contexto de tensión donde la comunidad denuncia abusos y exige la entrega del cuerpo de un civil fallecido en el operativo militar previo.

La crisis del sistema de salud se agudiza con denuncias de negligencia de las EPS que han causado la muerte de pacientes en espera de remisiones médicas, especialmente en Montería. La situación, marcada por el incumplimiento de órdenes judiciales y la falta de pago a prestadores, refleja un colapso sistémico que vulnera el derecho a la vida y la salud de miles de colombianos.

Medicina Legal confirmó que una familia bogotana murió en un hotel de San Andrés por intoxicación con fosfina, un gas de fumigación. La investigación apunta a una presunta negligencia en los protocolos de seguridad del establecimiento, que admitió haber realizado una fumigación días antes, pero culpó a la empresa contratista por el uso de una sustancia no autorizada, mientras los familiares de las víctimas exigen justicia.

La intensificación de los combates entre el ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo ha generado el desplazamiento de más de 72.000 personas. El reciente uso de drones en los enfrentamientos en Tibú agrava la crisis humanitaria, afectando gravemente a la población civil, mientras las autoridades intentan contrarrestar a los grupos armados con capturas de cabecillas.

La desaparición de Valeria Afanador en Cajicá ha revelado serias fallas en la respuesta institucional, según la Defensoría del Pueblo. Nuevas pistas, como las declaraciones de la rectora del colegio apuntando a un extrabajador y un dibujo de la menor, están siendo investigadas por la Fiscalía, mientras la hipótesis de desaparición forzada cobra más fuerza.

El reclutamiento y uso de menores por parte de grupos criminales es una crisis persistente en Colombia. Desde bandas urbanas que los usan para el microtráfico en Bogotá, hasta disidencias que los reclutan forzadamente en regiones como Huila y Cali, la niñez sigue siendo gravemente vulnerada, con un alarmante uso de redes sociales para atraerlos.

En una decisión histórica, la Corte Constitucional declaró que los animales son seres sintientes con un régimen de protección especial, eliminando del código de ética de los veterinarios el lenguaje que los consideraba simples instrumentos al servicio humano.

Este fallo prohíbe el maltrato injustificado y fortalece el marco legal para el bienestar animal en el país.

La violencia de género persiste en Colombia con brutales casos de feminicidio y abuso en varias regiones, que además exponen graves fallas en las rutas de atención a las víctimas. Mientras la justicia avanza en algunos casos, como la judicialización de agresores en Córdoba y Caquetá, se proponen medidas legislativas para hacer imprescriptible el feminicidio y combatir la impunidad.