Noticias cortas: Derechos Humanos

La muerte de quince menores reclutados en bombardeos militares ha generado una crisis para el Gobierno. Mientras la Defensoría del Pueblo pide suspender los ataques y la Procuraduría y Fiscalía investigan, el Ejecutivo defiende la legalidad de las operaciones bajo el DIH, argumentando que los menores eran combatientes, lo que ha desatado un intenso debate político y ético sobre los límites de la acción militar.

El reclutamiento de menores en Colombia ha crecido un 300% en cinco años, con un niño afectado cada 20 horas, según UNICEF. Los grupos armados utilizan engaños, como falsas promesas deportivas en redes sociales, para captar a jóvenes, afectando principalmente a comunidades étnicas en zonas de conflicto.

A pesar de las estrategias estatales, la problemática se agudiza y se extiende por gran parte del territorio nacional.

El secuestro en Colombia ha aumentado drásticamente, con casos de alto perfil como el del hijo del cantante Giovanny Ayala en Cauca, atribuido a disidencias. El ELN también perpetró secuestros de militares en Arauca, aunque posteriormente los liberó. Mientras tanto, en Catatumbo, la violencia se recrudece con secuestros masivos y asesinatos, y en un hecho positivo, el alcalde de Chimichagua fue rescatado por el Gaula en Soacha.

Diecisiete menores de la secta Lev Tahor fueron rescatados en Yarumal, Antioquia, en un operativo que frustró el aparente intento del grupo de asentarse en Colombia.

Cinco de los niños eran buscados por Interpol por desaparición. La secta enfrenta acusaciones internacionales por abuso infantil, secuestro y explotación sexual, lo que motivó la intervención de las autoridades colombianas para proteger a los menores.

La violencia de género en Colombia se manifiesta a través de brutales feminicidios y agresiones. Casos recientes como el de una joven atropellada por su pareja en Bogotá, una mujer lanzada desde un cuarto piso en Soledad y la condena a un periodista por agresión, evidencian una crisis persistente que, según expertos, es agravada por la impunidad y la falta de una respuesta estatal efectiva.

La JEP imputó a tres generales retirados y 27 militares por su presunta participación en más de 270 ejecuciones extrajudiciales en el Meta. La jurisdicción determinó que existió un patrón sistemático de asesinatos de civiles, en alianza con paramilitares, para presentarlos como bajas en combate, desmintiendo la teoría de casos aislados o 'manzanas podridas'.

El recrudecimiento del conflicto en Catatumbo y Cauca ha generado una crisis humanitaria con más de 85,000 desplazados, confinamientos y una grave inseguridad alimentaria.

Mientras en Catatumbo se reportan homicidios y hambruna por la guerra entre ELN y disidencias, en Cauca y Nariño las comunidades indígenas y campesinas sufren desplazamientos masivos, evidenciando un profundo abandono estatal.

Revelaciones sobre una presunta infiltración de las disidencias de 'Calarcá' en la Dirección Nacional de Inteligencia y el Ejército han desatado un escándalo que cuestiona la seguridad del Estado y la política de 'paz total'. El Gobierno ha iniciado una investigación mientras la oposición denuncia una grave vulnerabilidad institucional y posibles nexos de alto nivel con grupos criminales.

La justicia colombiana avanza en la reparación a las víctimas del conflicto con dos hechos clave: la Corte Suprema otorgó a comunidades campesinas una finca que fue bastión paramilitar en el Cesar, y la Fiscalía comenzó la entrega de los restos de dos campesinos desaparecidos forzadamente. Ambas acciones son pasos concretos hacia la restitución de derechos y la construcción de memoria histórica.

El asesinato de líderes sociales en Colombia continúa sin freno, con 1.865 casos registrados por Indepaz desde 2016.

La organización alerta sobre un posible recrudecimiento de la violencia de cara a las elecciones de 2026. Recientes homicidios en Valle del Cauca y Antioquia confirman la persistente vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos y la falta de protección estatal efectiva.

El exdirector de la Policía, general (r) Rodolfo Palomino, fue condenado a siete años de prisión por tráfico de influencias. La Corte Suprema demostró que usó su cargo para interferir en una investigación contra un empresario vinculado a la compra de tierras despojadas por paramilitares. Su captura y condena representan un golpe a la corrupción en las altas cúpulas del poder.