Noticias cortas: Tensiones políticas en Colombia

La orden judicial para investigar a Álvaro Uribe por dos homicidios de 1998, basada en testimonios del caso contra un exfuncionario del DAS, intensifica el escrutinio legal y político sobre el expresidente. Uribe niega vehementemente las acusaciones, calificándolas de “fantasía” con motivación política, mientras la decisión reaviva debates sobre los nexos entre el Estado y el paramilitarismo durante el conflicto.

La detención de Misael Cadavid por un presunto detrimento de $6.000 millones en contratos durante la alcaldía de Daniel Quintero ha intensificado el conflicto político en Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez acusa directamente a la administración anterior de orquestar un “entramado de corrupción” y exige que caiga “el jefe de la banda”, mientras el caso avanza con más de 44 imputados y se anticipan nuevas revelaciones sobre las redes políticas implicadas.

El caso de Nicolás Petro ha escalado con su admisión de haber recibido $1.300 millones, aunque niega su uso en la campaña presidencial y alega que eran lícitos. La defensa ha lanzado una grave acusación de extorsión contra el exfiscal Francisco Barbosa, quien lo niega rotundamente, mientras testimonios de terceros contradicen la versión de Petro sobre el destino de los fondos, manteniendo el caso en el centro de la controversia política y judicial.

La amenaza de muerte contra el padre del precandidato Mauricio Lizcano ha generado una fuerte condena y ha puesto de manifiesto las tensiones en el clima preelectoral. Mientras Lizcano critica la “indolencia” inicial del Gobierno, las autoridades activaron protocolos de investigación y protección, en un episodio que revive el debate sobre la violencia como herramienta de intimidación política en Colombia.

La discrepancia entre el Gobierno, que focaliza el riesgo electoral en 104 municipios cocaleros, y la Defensoría del Pueblo, que alerta sobre 224 municipios, evidencia una profunda diferencia en la evaluación de la seguridad democrática del país. Mientras el ministro Benedetti acusa a la Defensoría de imprecisión, el debate subraya la urgencia de coordinar estrategias efectivas para proteger las elecciones de 2026 de la interferencia de grupos armados.

El gobierno de Gustavo Petro ha adoptado una doble estrategia frente a las marchas pro-Palestina: por un lado, apoya y legitima la protesta ciudadana como un derecho democrático, y por otro, se compromete a proteger las sedes diplomáticas para evitar una escalada de tensiones con Estados Unidos e Israel.

Esta postura refleja el delicado equilibrio entre su política exterior crítica y sus obligaciones de seguridad interna.

La consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre se ha convertido en un campo de batalla que definirá el liderazgo y la unidad de la izquierda. Con la contienda reducida a Cepeda, Corcho y Quintero, y bajo la sombra de la intervención presidencial y las amenazas de fractura de figuras como Gustavo Bolívar, el resultado determinará si la coalición logra consolidar un proyecto cohesionado o cede ante sus divisiones internas de cara a 2026.

‘La Fuerza de las Regiones’ ha activado un movimiento estratégico para consolidar una candidatura única de oposición a través de una consulta en marzo de 2026, logrando la adhesión inicial de figuras como Daniel Palacios y Felipe Córdoba. Esta iniciativa reconfigura el panorama de la centro-derecha, que busca unificar fuerzas por fuera de los partidos tradicionales para enfrentar al candidato del gobierno.

La propuesta del presidente Petro de activar una Asamblea Constituyente mediante firmas ciudadanas ha reavivado el debate sobre la reforma del Estado. Aunque el mandatario la presenta como una herramienta para que el “pueblo decida” sobre las reformas bloqueadas, la iniciativa enfrenta serios obstáculos constitucionales y es vista por la oposición como una estrategia de movilización política ante las dificultades de su gobierno en el Congreso.

La apertura de una investigación disciplinaria contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, por sus comentarios sobre precandidatos presidenciales, marca un nuevo punto de tensión entre el Gobierno y el Ministerio Público. El caso pone a prueba los límites de la participación en política de los altos funcionarios y podría sentar un precedente importante de cara a las elecciones de 2026.

La renuncia de Francisco Barbosa a su precandidatura presidencial reconfigura el panorama de la oposición, que ahora pierde una de sus figuras más visibles. Su decisión, justificada por la falta de seguridad y la necesidad de unidad, ejerce presión sobre otros candidatos de derecha para consolidar una coalición fuerte de cara a las elecciones de 2026.

Ante el bloqueo de la reforma a la salud en el Senado, el Gobierno Petro ha puesto sobre la mesa la opción de una consulta popular, una estrategia de presión que ya le funcionó con la reforma laboral. Esta movida busca trasladar el debate del Congreso a la ciudadanía, convirtiendo la reforma en una bandera electoral y política para superar la resistencia legislativa.