Noticias cortas: Calendario político

Las consultas interpartidistas de marzo son el escenario clave para la definición de candidaturas únicas de coalición, pero su efectividad se ve amenazada por la fragmentación del centro y la derecha, y la decisión de figuras importantes de competir por fuera de estos mecanismos.

La reforma a la salud, uno de los proyectos insignia del Gobierno, se encuentra en un punto crítico. Su supervivencia depende de una compleja maniobra de apelación en la plenaria del Senado, cuyo éxito es incierto en el nuevo contexto político postelectoral de marzo de 2026.

Las elecciones legislativas de marzo de 2026 serán determinantes para el futuro político de Colombia, pues no solo renovarán el Congreso, sino que medirán las fuerzas políticas de cara a la elección presidencial y establecerán el nuevo equilibrio de poder para el siguiente cuatrienio.

El Congreso trabajará en sesiones extraordinarias hasta febrero de 2026 con el único fin de aprobar los ascensos militares y policiales, una medida del Gobierno para asegurar este trámite administrativo antes del receso y del inicio de la contienda electoral.

El proyecto de Ley de Competencias, que redefine la relación financiera y de responsabilidades entre la Nación y los territorios, fue radicado y su crucial debate comenzará en 2026, con implicaciones directas en la autonomía regional y la implementación de políticas de salud.

A pesar de la fuerte oposición, el proyecto para mantener en pie el Ministerio de la Igualdad sigue su curso en el Congreso. La discusión de fondo sobre la nueva ley que corrija sus vicios de origen se retomará en 2026, en una carrera contra el tiempo para cumplir el plazo otorgado por la Corte Constitucional.

La reforma al financiamiento de las universidades públicas culminó exitosamente su trámite en el Congreso y solo espera la firma del presidente para convertirse en ley, prometiendo un alivio financiero histórico para la educación superior estatal.

El proyecto de Ley 'Jineth Bedoya Lima' superó la mitad de su trámite en el Congreso y se perfila para ser aprobado en 2026, estableciendo una herramienta fundamental para la formación obligatoria de funcionarios públicos en la prevención y atención de la violencia de género.