
El decreto de emergencia económica ha provocado un conflicto institucional de grandes proporciones. Mientras el Gobierno lo presenta como una herramienta indispensable para evitar un colapso fiscal, el Congreso y la Corte Constitucional se alistan para examinar su legalidad y conveniencia, configurando un escenario de pugna de poderes que definirá el rumbo económico y político del país a inicios de 2026.



