
La muerte del funcionario Luis Fernando Sánchez ha expuesto una grave fractura de confianza entre las autoridades civiles y militares en Nariño. El caso, que ahora está en manos de la Procuraduría, pone a prueba los protocolos de la Fuerza Pública en zonas de conflicto y la capacidad del Estado para esclarecer hechos donde sus propias instituciones están implicadas.