
La muerte de 15 menores reclutados en operaciones militares ha generado una crisis nacional, enfrentando la estrategia de seguridad del Gobierno con principios humanitarios. Mientras las autoridades defienden la legitimidad de sus acciones, la sociedad civil y diversas instituciones exigen una revisión de los protocolos para proteger a la niñez en medio del conflicto, desatando investigaciones disciplinarias y un fuerte debate político.










