
La muerte de quince menores reclutados en bombardeos militares ha desatado un intenso debate nacional sobre la ética y legalidad de la estrategia de seguridad del Gobierno. Mientras las autoridades defienden las operaciones como legítimas bajo el DIH, organizaciones de derechos humanos y sectores políticos exigen una revisión de los protocolos para proteger la vida de los niños y adolescentes atrapados en el conflicto.










