
La escalada de violencia contra el personal del INPEC evidencia una crisis de seguridad en el sistema penitenciario colombiano, donde el crimen organizado desafía al Estado desde las prisiones. La respuesta gubernamental, aunque robusta en el papel, enfrenta el reto de proteger eficazmente a sus funcionarios y desmantelar redes criminales profundamente arraigadas que han declarado una guerra abierta contra la institucionalidad.