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La reforma tributaria de 2025 es una apuesta de alto riesgo del Gobierno para solucionar un inminente hueco fiscal, pero enfrenta una fuerte oposición que la considera inoportuna y perjudicial para la economía y el bolsillo de los ciudadanos, lo que augura un difícil trámite legislativo.

La flexibilidad del Gobierno para recortar su ambiciosa meta de recaudo es un movimiento pragmático para salvar tanto la reforma tributaria como el presupuesto de 2026.

Sin embargo, el monto final sigue siendo incierto y dependerá de intensas negociaciones políticas en el Congreso.

El IVA a los combustibles se ha convertido en el principal punto de fricción de la reforma tributaria. La medida es vista como un golpe directo al poder adquisitivo de la población y su posible eliminación es clave en las negociaciones entre el Gobierno y el Congreso.

La percepción generalizada es que la reforma tributaria, lejos de ser progresiva, impondrá una carga desproporcionada sobre los ciudadanos de a pie, contradiciendo la narrativa de equidad del Gobierno y amenazando con frenar el consumo y aumentar la desigualdad.

El significativo aumento de impuestos a los licores amenaza con desestabilizar una industria clave para las finanzas regionales, con el riesgo de fomentar la ilegalidad y afectar al sector del entretenimiento, sin garantizar una reducción efectiva del consumo.

El impuesto a los vehículos híbridos es uno de los puntos más cuestionados de la reforma, ya que se percibe como una medida regresiva en materia ambiental que obstaculiza la modernización del parque automotor y contradice el discurso de sostenibilidad del Gobierno.

La propuesta de gravar los negocios de las iglesias enfrenta principios de equidad fiscal y laicidad estatal con argumentos de misión social y libertad de culto, convirtiéndolo en uno de los debates más sensibles y complejos de la reforma tributaria.

La eliminación de la exención de IVA para compras internacionales menores a 200 dólares encarecerá significativamente el comercio electrónico transfronterizo para el consumidor final, en una apuesta del Gobierno por aumentar el recaudo y proteger la industria nacional.

El impuesto propuesto para eventos culturales y deportivos es rechazado por la industria, que advierte sobre una posible elitización del acceso a la cultura, un debilitamiento del sector y un efecto negativo en el financiamiento de escenarios pequeños y medianos.

Aunque es falso que la reforma cree un nuevo IVA para la canasta familiar, la desinformación ha afectado el debate público. No obstante, persiste la preocupación por el impacto indirecto que el aumento de impuestos a los combustibles podría tener en el precio final de los alimentos.