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La propuesta de ley de financiamiento se ha convertido en el eje del debate fiscal en Colombia, enfrentando la necesidad de recursos del Gobierno con una fuerte resistencia política y económica que cuestiona su oportunidad y su impacto sobre la ciudadanía y el sector productivo.

El plan de aumentar el IVA a combustibles y vehículos híbridos enfrenta una férrea oposición por su potencial impacto inflacionario y regresivo, además de ser considerado una medida que contradice las metas ambientales del país.

Los cambios propuestos en los impuestos de renta y patrimonio buscan mayor equidad, pero son criticados por aumentar la presión fiscal sobre la clase media alta y profesionales que ya tributan, en lugar de centrarse en la evasión de las grandes fortunas.

La disposición del Gobierno a recortar su ambiciosa meta de recaudo en $10 billones y a eliminar propuestas polémicas evidencia una estrategia de negociación para viabilizar la aprobación de la ley de financiamiento en un Congreso dividido.

Existe un amplio consenso entre el sector productivo y expertos económicos en que la reforma tributaria propuesta es perjudicial para la economía colombiana, al considerarla un freno a la inversión y un golpe directo al bolsillo de la clase media.

Los impuestos propuestos para licores y eventos culturales son vistos como una amenaza directa para las industrias regionales y el acceso de la población a la cultura, a pesar de la justificación de salud pública esgrimida por el Gobierno.

El debate sobre la reforma tributaria ha puesto de manifiesto una disyuntiva fundamental: seguir aumentando la carga impositiva a los contribuyentes actuales o priorizar una reforma administrativa profunda que cierre las brechas de la evasión y la corrupción, consideradas por muchos como la verdadera fuente del desfinanciamiento estatal.

La propuesta de imponer impuestos a los negocios de las iglesias enfrenta dos visiones opuestas: por un lado, la defensa de la equidad tributaria y la laicidad del Estado; por otro, la protección de la labor social que, según líderes religiosos, se financia con dichas actividades.

La eliminación de la exención de IVA para compras internacionales menores a 200 dólares busca equidad para el comercio local y mayor recaudo, pero implicará un encarecimiento de los productos para los usuarios de plataformas como Shein y Amazon.

El Gobierno mantiene una fuerte apuesta por los incentivos tributarios para energías limpias, logrando un alto interés del sector privado, aunque genera debate por proponer simultáneamente la eliminación de beneficios para tecnologías de transición como los vehículos híbridos.