
La inclusión del presidente Gustavo Petro y su círculo cercano en la lista de sancionados de la OFAC por parte de Estados Unidos ha provocado una crisis diplomática de gran magnitud. Mientras Washington justifica la medida por el aumento del narcotráfico, el gobierno colombiano la considera una represalia política, generando un bloqueo financiero para los afectados y un clima de incertidumbre en las relaciones bilaterales.











