
La inclusión del presidente Petro y su entorno en la lista de sancionados de la OFAC por parte del gobierno de Trump representa una escalada diplomática histórica, justificada por EE. UU. en el aumento de la producción de cocaína. Petro y su gobierno rechazan las acusaciones, calificándolas de maniobra política, mientras la medida impone un severo aislamiento financiero a los afectados y profundiza la crisis bilateral.










