
La incautación del petrolero Skipper representa una escalada significativa en la política de presión de Estados Unidos contra Venezuela. La acción, justificada por Washington como una medida contra el transporte de crudo sancionado y redes ilícitas, fue condenada por Caracas como un acto de piratería.
Este evento subraya un cambio hacia la confrontación directa y presagia nuevas intervenciones marítimas en el Caribe.










