
La incautación del buque petrolero Skipper por parte de Estados Unidos representa una escalada significativa en la política de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. Mientras Washington justifica la acción como una medida contra el transporte de crudo sancionado que financia redes ilícitas, Caracas la condena como un acto de piratería, elevando las tensiones geopolíticas en el Caribe.










