
La confiscación de un segundo petrolero venezolano por parte de EE. UU. representa una escalada significativa en la política de “máxima presión” de la administración Trump. Esta acción, justificada como una medida contra el “narcoterrorismo”, ha sido condenada por Caracas como un acto de piratería, elevando las tensiones y el riesgo de confrontación en el Caribe.










