Noticias cortas: Derechos Humanos

El secuestro y posterior asesinato de la estudiante Angie Pahola Tovar por disidencias de las FARC en Cauca ha generado una condena nacional. La Universidad Nacional exige una investigación célere y justicia, mientras el caso evidencia la persistente vulnerabilidad de la población civil ante el conflicto armado en la región.

Enfrentamientos entre grupos armados en el norte de Antioquia han causado el desplazamiento de casi 2.500 personas, desbordando la capacidad de atención local.

La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo han exigido una intervención urgente del Gobierno Nacional para atender la crisis humanitaria y proteger a la población civil.

Un ataque con un dron explosivo en El Tarra, atribuido a disidencias de las FARC, causó la muerte de un civil de 63 años. La Defensoría del Pueblo y la ONU condenaron el hecho como una violación al DIH, en medio de una escalada de violencia en el Catatumbo.

Autoridades indígenas del Cauca lograron rescatar a dos niñas de 14 y 15 años que habían sido reclutadas a la fuerza por disidencias de las FARC. El CRIC alertó que más de 700 menores siguen en poder de grupos armados en la región, evidenciando una grave crisis humanitaria y una violación al DIH.

Múltiples casos de secuestro, corrupción, presuntos delitos sexuales y abuso de autoridad por parte de policías en varias regiones han sido reportados. Estos hechos evidencian un patrón de criminalidad dentro de la institución que erosiona la confianza pública y el Estado de derecho.

Recientes feminicidios en Bucaramanga y Meta, junto a graves ataques en Cartagena y Valledupar, evidencian la persistente crisis de violencia de género en Colombia. Estos casos, a menudo perpetrados por parejas o exparejas con antecedentes, subrayan la urgencia de fortalecer las medidas de protección y justicia para las mujeres.

Enfrentamientos entre grupos armados han provocado el confinamiento forzado de 240 familias en Puerres, Nariño, restringiendo su libertad de movimiento y acceso a necesidades básicas.

Esta crisis local refleja un problema nacional, con más de 259.000 personas afectadas por confinamientos en Colombia durante 2025, según la ONU.

La Contraloría General alertó sobre una grave crisis de derechos humanos en la primera infancia indígena, con tasas de mortalidad por desnutrición hasta cuatro veces mayores que el promedio nacional. La falta de atención estatal y de datos actualizados agrava la situación, lo que llevó a los entes de control a exigir acciones urgentes al Gobierno.

Un hombre indígena del pueblo Awá en Nariño murió tras ser cargado por 15 horas en una camilla improvisada en un intento por llegar a un centro de salud.

El caso expone el abandono estatal y la falta de acceso a vías y servicios de salud, vulnerando el derecho a la vida de las comunidades remotas.

La persistencia de amenazas contra líderes sociales en Colombia se evidencia en casos recientes como el de Derly Díaz en Bucaramanga y el atentado contra Lilia Rosa Ruíz en Valledupar. Estos hechos subrayan la grave vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos y la necesidad de una protección estatal más eficaz.