
La muerte de quince menores en bombardeos ha generado una crisis para el Gobierno, enfrentando críticas por una aparente contradicción con su discurso pasado y cuestionamientos sobre la aplicación del DIH. La defensa oficial de las operaciones contrasta con los llamados de la Defensoría del Pueblo a suspenderlas, mientras la Fiscalía y la Procuraduría inician investigaciones para determinar responsabilidades.











