Noticias cortas: Crimen y justicia

Las autoridades colombianas, incluyendo la Fiscalía y la Procuraduría, investigan una presunta red de colaboración entre disidencias de las Farc y altos funcionarios del Ejército y la inteligencia. Mientras el general implicado y el Gobierno niegan las acusaciones, la evidencia hallada en poder de alias 'Calarcá' sugiere una grave infiltración que compromete la seguridad del Estado.

Autoridades colombianas rescataron a 17 menores de la secta Lev Tahor en Yarumal, Antioquia, cinco de ellos con alerta de Interpol. La operación expuso los movimientos de este grupo con antecedentes de crímenes sexuales y secuestro, llevando a la protección de los niños por parte del ICBF y la investigación sobre sus intenciones en Colombia.

El exdirector de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino, fue condenado a siete años de cárcel por tráfico de influencias, tras determinarse que usó su cargo para presionar a una fiscal y favorecer a un empresario.

Palomino se entregó a las autoridades, aunque calificó la decisión como una injusticia.

Un fallo del Consejo de Estado anuló la designación de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional, argumentando irregularidades en el proceso y validando la elección previa de José Ismael Peña. La decisión provocó la renuncia de Múnera, la declaración de vacancia por parte del CSU y protestas estudiantiles en defensa de la autonomía universitaria.

La muerte de 15 menores reclutados en bombardeos y operaciones militares ha desatado una crisis política y un debate sobre el cumplimiento del DIH. Mientras la Defensoría y la Procuraduría exigen respuestas y la suspensión de los ataques, el Gobierno defiende la legitimidad de las acciones militares como una necesidad para combatir a los grupos armados.

La JEP dio un paso crucial en la investigación de los 'falsos positivos' al imputar a 30 militares, entre ellos tres generales, por 270 ejecuciones y desapariciones en el Meta. La decisión califica estos crímenes como una práctica sistemática y no como hechos aislados, abriendo un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas del conflicto.

El secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, y su mánager en el Cauca ha generado conmoción nacional y ha puesto de relieve la grave situación de seguridad en la vía Panamericana. Aunque las autoridades atribuyen el hecho a disidencias de las Farc, el grupo lo ha negado, aumentando la incertidumbre mientras continúan los operativos de búsqueda.

El alcalde de Chimichagua, José David Rocha, fue rescatado por el Gaula en Soacha tras ser secuestrado bajo engaños para una supuesta compra de maquinaria. El exitoso operativo resultó en la captura de seis implicados y la liberación del mandatario, por quien se exigían 100 millones de pesos.

Tras más de un año de su captura en Francia, fue extraditado a Colombia el confeso asesino del sacerdote Darío Valencia. El hombre, quien admitió el homicidio agravado, ya fue judicializado y su caso avanza en un proceso que busca esclarecer los detalles de un crimen vinculado al robo de un vehículo.

El reclutamiento de menores en Colombia ha crecido un 300% en cinco años, afectando principalmente a comunidades étnicas en zonas de conflicto, según Unicef. A pesar de las estrategias de prevención del Ejército y los compromisos de grupos como el Clan del Golfo, el fenómeno sigue en aumento, utilizando engaños y redes sociales para captar a niños y adolescentes.

La captura y judicialización de un segundo sospechoso marca un avance significativo en la investigación del asesinato de Harold Aroca. Las pruebas, que incluyen videos, chats y fotografías, apuntan a una retaliación por parte de una banda criminal, mientras las autoridades continúan la búsqueda de otros implicados.

El caso del homicidio del estudiante Jaime Moreno avanza en dos frentes: uno de los acusados, Juan Carlos Suárez, busca un preacuerdo con la Fiscalía para una posible rebaja de pena, mientras que la investigación revela fallas en los controles del establecimiento donde la víctima estuvo antes del ataque, ya que no cumplía con la edad mínima de ingreso.