Noticias cortas: Crimen y justicia

El asesinato del secretario de Gobierno de Pradera, José Dorien Jiménez, presuntamente a manos de la banda ‘Los Moros’ en retaliación por operativos contra el microtráfico, subraya la vulnerabilidad de los funcionarios públicos en el Valle del Cauca. Las autoridades han respondido con una recompensa de 100 millones de pesos y la conformación de un equipo de investigación especial para capturar a los responsables.

El caso de corrupción en la UNGRD se profundiza con testimonios que señalan una trama de contratos por favores políticos, implicando a exministros y congresistas. La Superintendencia de Industria y Comercio ha abierto una investigación formal por direccionamiento de contratos por más de 86.000 millones de pesos, mientras los exdirectivos denuncian amenazas y presiones para silenciarlos.

Nicolás Petro enfrenta una nueva imputación por interés indebido en contratos y falsedad documental, relacionada con convenios irregulares por más de $3.000 millones.

La Fiscalía solicitará su detención en centro carcelario, agravando su situación legal mientras avanza su juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Una investigación periodística expuso cómo las empresas energéticas EPM, ISA e ISAGEN financiaron, a través de convenios de cooperación, a batallones del Ejército que, según la JEP, fueron los máximos responsables de ejecuciones extrajudiciales en el Oriente Antioqueño entre 2002 y 2008. A pesar de las denuncias tempranas sobre estos crímenes, los millonarios aportes para proteger la infraestructura eléctrica continuaron fluyendo hacia estas unidades militares.

El concurso para el nombramiento de notarios fue suspendido por el Gobierno tras graves denuncias de corrupción, incluyendo presuntos cobros de hasta mil millones de pesos por cupo, y una solicitud de la Procuraduría que alertó sobre irregularidades procesales que vulneraban el derecho a la defensa de los aspirantes. La crisis institucional pone en entredicho la transparencia del proceso y exige una reestructuración para evitar el clientelismo.

A más de dos décadas de los crímenes contra la periodista Jineth Bedoya, la Fiscalía vinculó formalmente a la investigación a los generales (r) José Leonardo Gallego y Fabio Campos Silva, exdirectores de la Dijín y el Inpec, respectivamente. Se les investiga por presunta omisión de funciones que habría facilitado el secuestro, tortura y violación de la comunicadora en la cárcel La Modelo en el año 2000.

La Corte Suprema de Justicia investiga al senador Jota Pe Hernández por presunta manipulación de testigos en el caso que él mismo impulsó contra el exsenador Roy Barreras. Testigos clave afirmaron que Hernández les ofreció beneficios a cambio de declarar falsamente, lo que podría configurar delitos de soborno, calumnia y hostigamiento.

La embarcación de la alcaldesa de Mosquera, Nariño, fue atacada a tiros, resultando en la muerte de su asesor y un escolta herido. La Armada Nacional admitió que sus unidades dispararon, alegando que la lancha incumplió protocolos de seguridad, mientras que la Alcaldía denuncia un ataque sin previo aviso. La Procuraduría y la Fiscalía ya investigan los hechos para esclarecer las responsabilidades.

El mayor general Hernando Garzón Rey, Inspector General de las Fuerzas Militares, fue retirado del servicio por orden del presidente Gustavo Petro ante fuertes indicios de vínculos con el narcotráfico. El caso fue entregado a la Fiscalía para su investigación, en una medida que se suma a la salida de decenas de oficiales desde el inicio del actual gobierno como parte de un proceso de depuración interna.

Brayan Campo, condenado por el feminicidio de Sofía Delgado, habría confesado a otro recluso su participación en más asesinatos de menores en el Valle del Cauca, incluyendo los casos de Erika Sepúlveda y Tatiana Trujillo. Estas revelaciones, aunque aún no confirmadas judicialmente, han reavivado el dolor de las familias de las víctimas y la exigencia de nuevas investigaciones para esclarecer la posible actuación de un asesino en serie.

Autoridades neutralizaron en Antioquia a cuatro miembros de las disidencias de las FARC, entre ellos alias ‘Román’ y ‘Guillermino’, considerados los responsables del ataque que derribó un helicóptero y asesinó a 13 policías en Amalfi.

El operativo fue calificado como una respuesta contundente al atentado, mientras que líderes locales han solicitado cooperación internacional para la extradición de los implicados.