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La reforma tributaria propuesta por el Gobierno es una medida estructural para cerrar la brecha fiscal del presupuesto de 2026, recaudando $26,3 billones a través de una mayor progresividad en los impuestos y nuevos gravámenes al consumo, con el fin de asegurar la estabilidad financiera del país a mediano plazo.

La reforma tributaria planea un aumento en los impuestos a licores y tabaco, argumentando razones de salud pública y necesidad de recaudo. Esta medida, que se incluirá en un capítulo especial de la ley, busca desincentivar el consumo y fortalecer las finanzas del Estado.

La reforma tributaria propone aumentar la progresividad fiscal mediante el incremento de impuestos a la renta y al patrimonio para los más ricos y la revisión de beneficios del IVA en bienes de alto consumo, asegurando que no se impactará la canasta familiar, aunque persisten preocupaciones sobre sus efectos en la inversión.

La DIAN ha adoptado la inteligencia artificial y el machine learning para optimizar el cobro de cartera vencida, identificando a 8.440 deudores con capacidad de pago que adeudan más de $2,2 billones. La estrategia combina tecnología predictiva con medidas coercitivas como visitas y embargos para mejorar la eficiencia del recaudo.

La DIAN ha establecido un descuento directo del 25% en el impuesto de renta para trabajadores independientes, aplicable en la declaración de 2025. Este beneficio busca aliviar la carga fiscal de este sector y se aplicará automáticamente, siempre que los contribuyentes cuenten con los soportes de gastos y pagos requeridos.

El proyecto de presupuesto para 2026 enfrenta un fuerte escrutinio en el Congreso por un desfinanciamiento cercano a los $40 billones.

Mientras la oposición critica la falta de realismo y la dependencia de una reforma tributaria aún no aprobada, el Gobierno y sus aliados defienden la necesidad de nuevos ingresos para garantizar la estabilidad fiscal.

El Gobierno justifica la reforma tributaria como una medida necesaria para corregir el déficit fiscal causado por la deuda del FEPC, que supera los $80 billones. La propuesta incluye impuestos a los combustibles para que los sectores más beneficiados por los subsidios pasados contribuyan a pagar la deuda acumulada.

La propuesta de reforma tributaria ha suscitado un intenso debate, con el sector empresarial, liderado por la ANDI, pidiendo un análisis previo del gasto público y advirtiendo sobre los riesgos para la inversión.

En el Congreso, las opiniones están divididas, lo que augura una difícil tramitación del proyecto.

El programa “Descuentazo tributario” del Valle del Cauca ofrece descuentos de hasta el 80% en sanciones e intereses para deudores de impuestos departamentales, incluyendo el vehicular y el de registro. La medida, que tiene plazos escalonados hasta diciembre, busca aliviar la carga de los contribuyentes y aumentar el recaudo para inversión.

La reforma tributaria no solo se centrará en los impuestos de renta e IVA, sino que también fortalecerá los gravámenes ambientales, como el impuesto al carbono, y los impuestos saludables. El objetivo es alinear la política fiscal con metas de salud pública y transición energética, aunque esto podría implicar un aumento en el costo de combustibles y otros productos.