Noticias cortas: Aranceles

El propuesto incremento del IVA a los combustibles es una medida de alto impacto con un doble objetivo fiscal y ambiental.

Sin embargo, enfrenta una oposición generalizada por su previsible efecto inflacionario en toda la economía, que contradice la narrativa del Gobierno de no afectar a las clases populares.

El significativo aumento de impuestos a bebidas alcohólicas, aunque justificado por el Gobierno como una medida de salud pública y de recaudo, es visto por las regiones y la industria como una amenaza que podría destruir el mercado legal, fomentar la ilegalidad y paradójicamente reducir los ingresos fiscales destinados a fines sociales.

El drástico aumento de impuestos al tabaco y productos de vapeo es una de las apuestas de salud pública más fuertes de la reforma, buscando reducir su consumo a través del encarecimiento. La medida no solo generaría un recaudo significativo, sino que busca aliviar la carga financiera que estas adicciones imponen al sistema de salud.

A pesar del enfoque declarado del Gobierno en gravar a los más ricos, el efecto combinado de los aumentos de impuestos propuestos, especialmente en combustibles y servicios, es percibido por diversos sectores como una carga directa sobre el poder adquisitivo de la clase media y los hogares colombianos, amenazando con aumentar el costo de vida general.

Los ajustes al impuesto de renta buscan una mayor progresividad, incrementando la carga sobre los ingresos más altos. Sin embargo, la eliminación de beneficios extendidos como la deducción por dependientes representa un aumento directo de la presión fiscal para muchas familias de clase media y trabajadores asalariados.

La imposición de nuevos tributos al entretenimiento de alto costo y a las apuestas en línea busca capturar ingresos de sectores económicos en expansión. No obstante, la industria alerta sobre el riesgo de contraer el mercado formal y potenciar la ilegalidad, lo que podría mermar tanto el recaudo esperado como las contribuciones sociales del sector.

La reducción del umbral y el aumento de las tarifas del impuesto al patrimonio son una de las principales herramientas de la reforma para incrementar la tributación de las personas de mayores ingresos. Si bien se proyecta un recaudo significativo, la medida genera preocupación por su posible impacto negativo en la inversión y la retención de capital en el país.

La comunidad empresarial colombiana se opone firmemente a la reforma, argumentando que esta castiga al sector formal y a los hogares para financiar un gasto público que consideran excesivo. La principal demanda de los gremios es que, antes de imponer más impuestos, el Gobierno demuestre un compromiso real con la austeridad fiscal y la eficiencia.

La eliminación del beneficio tributario para compras en línea de bajo valor es un cambio significativo que busca equilibrar las condiciones para el comercio local y aumentar el recaudo fiscal. Sin embargo, encarecerá directamente las compras para un número creciente de colombianos que utilizan plataformas internacionales.

La propuesta de gravar las actividades comerciales de las iglesias es una medida políticamente sensible que busca equidad en el sistema tributario. Mientras el Gobierno la defiende como un paso hacia la igualdad fiscal, enfrenta una férrea oposición que argumenta sobre el carácter especial y el aporte social de estas organizaciones.