Noticias cortas: Aranceles

El Gobierno propone una reforma tributaria de 26,3 billones de pesos para financiar el presupuesto de 2026, argumentando progresividad y necesidad fiscal. Sin embargo, enfrenta una fuerte oposición política y económica que critica el excesivo gasto público y advierte sobre el impacto negativo en la economía, lo que pone en duda su aprobación en el Congreso.

El propuesto aumento del IVA a los combustibles es un punto central de conflicto. El Gobierno lo defiende como un impuesto progresivo que afecta a los más ricos, pero críticos de diversos sectores advierten sobre un impacto inflacionario generalizado en el transporte, los alimentos y el costo de vida, afectando a toda la población, incluidos los más vulnerables.

El propuesto aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas podría generar un drástico encarecimiento de los productos, amenazando la sostenibilidad de la industria formal. Líderes del sector y gobernadores advierten que la medida reducirá los ingresos departamentales para programas sociales y fomentará un peligroso aumento del contrabando y el consumo de licor adulterado.

Múltiples sectores advierten que la clase media será la principal perjudicada por la reforma tributaria, a través del aumento en el costo de combustibles, servicios de ocio y cambios en el impuesto de renta. A pesar de la defensa del Gobierno, la percepción general es que la iniciativa erosionará el poder adquisitivo de millones de familias trabajadoras.

La reforma endurece la tributación sobre la renta y el patrimonio, aumentando las tarifas para los ingresos más altos, eliminando beneficios como la deducción por dependientes y ampliando la base de contribuyentes del impuesto al patrimonio. Aunque el Gobierno busca mayor equidad, los expertos advierten sobre un posible desincentivo a la inversión y la fuga de capitales.

El aumento del IVA para vehículos híbridos del 5% al 19% es una de las propuestas más criticadas de la reforma, ya que se considera que contradice las políticas de transición energética del Gobierno. Gremios automotores advierten que la medida desincentivará la compra de tecnologías más limpias y frenará la necesaria renovación del parque automotor del país.

El Gobierno propone que las iglesias paguen impuesto de renta por sus actividades comerciales, una medida que busca equidad tributaria frente a un sector con un patrimonio significativo. La iniciativa ha generado una fuerte oposición de sectores religiosos en el Congreso, que la consideran una carga injusta que desconoce su labor social.

La propuesta de eliminar la exención de IVA para importaciones menores a 200 dólares encarecerá las compras en plataformas como Temu y Shein, afectando a millones de consumidores. Mientras el Gobierno busca equidad competitiva y mayor recaudo, los críticos advierten sobre un impacto negativo en el bolsillo de la clase media y baja.

La reforma tributaria enfrenta un panorama de rechazo casi unánime en el espectro político y económico, lo que hace muy improbable su aprobación en el Congreso. Los críticos señalan el excesivo gasto del Gobierno y el impacto negativo de los nuevos impuestos, mientras se especula que el Ejecutivo podría estar buscando una derrota legislativa para justificar medidas fiscales por decreto.

El Gobierno ha establecido un 'Plan B' en caso de que la reforma tributaria sea rechazada: un recorte presupuestal de 26,3 billones de pesos que afectaría la inversión social. El presidente Petro ha advertido además que la alternativa sería un alza en el precio de la gasolina, creando una fuerte presión sobre el Congreso para aprobar la iniciativa fiscal.