Noticias cortas: Aranceles

La reforma tributaria propuesta por el Gobierno busca fortalecer las finanzas públicas, pero enfrenta una fuerte oposición del sector privado y analistas que temen que un aumento de impuestos desestimule la inversión, afecte el crecimiento económico y deteriore la competitividad de Colombia a nivel internacional.

El Gobierno busca aumentar el recaudo gravando más a los sectores financiero y de hidrocarburos, una medida justificada por sus altas utilidades, pero que según los gremios y analistas, podría ser contraproducente y afectar la estabilidad económica y la inversión en industrias estratégicas.

La propuesta de hacer permanente y elevar el impuesto al patrimonio, junto con el aumento del gravamen a los dividendos para extranjeros, es una de las medidas más criticadas de la reforma, ya que podría generar una fuga de capitales y reducir drásticamente la inversión extranjera en Colombia.

Existe una creciente preocupación, respaldada por cifras de desaceleración del PIB y caída de la inversión, de que la política de altos impuestos del Gobierno está teniendo un efecto contractivo en la economía colombiana, un riesgo que la nueva reforma tributaria podría agravar.

La aprobación de un presupuesto reducido para 2026 es el resultado de un consenso político entre el Gobierno y el Congreso, un acuerdo que desactivó la necesidad de buscar la totalidad de los recursos de la reforma tributaria y tuvo consecuencias inmediatas sobre la misma.

La decisión de no aumentar los impuestos a la gasolina y la cerveza es una concesión política del Gobierno, forzada por la negociación del presupuesto, que alivia la presión fiscal sobre los consumidores pero reduce las aspiraciones de recaudo de la reforma tributaria.

La DIAN ha dado un salto tecnológico que le permite realizar auditorías automatizadas y en tiempo real, un nuevo paradigma de fiscalización que exige a las empresas un cumplimiento tributario perfecto y constante para evitar sanciones inmediatas.

La fiscalización digital de la DIAN, aunque efectiva, podría ampliar la brecha entre grandes y pequeñas empresas, sometiendo a las pymes a un riesgo operativo y financiero significativo si no se implementan programas de apoyo y capacitación para su adaptación tecnológica.

El Estado colombiano utiliza incentivos fiscales, como la deducción de renta y la exención de IVA, para hacer más atractiva la compra de vehículos híbridos y eléctricos, vinculando directamente la política tributaria con las metas de sostenibilidad y transición energética del país.

La exigencia de la factura electrónica por parte de los consumidores es una práctica con un doble beneficio: permite a los contribuyentes optimizar su declaración de renta a través de deducciones y, al mismo tiempo, apoya la estrategia estatal de formalización económica y lucha contra la evasión.