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La viabilidad del presupuesto de 2026 depende directamente de la aprobación de una reforma tributaria de $16,3 billones, una iniciativa que enfrenta un debate político crucial sobre la necesidad de los recursos frente a la gestión del gasto actual y el impacto en la economía.

El Gobierno Nacional ajustó su meta de recaudo tributario de $26,3 a $16,3 billones, una reducción de $10 billones que fue clave para lograr el consenso en la aprobación del presupuesto y que redefine el alcance de la próxima reforma fiscal.

El Ejecutivo decidió retirar de su propuesta de reforma tributaria los aumentos de impuestos a la gasolina y la cerveza, una medida estratégica para reducir el impacto en la canasta familiar y mejorar el ambiente político para la aprobación de la ley.

La próxima reforma tributaria se enfocará en aumentar la carga fiscal sobre el patrimonio y las rentas altas, el sector financiero y los licores de alta graduación, manteniendo así un enfoque progresivo tras descartar impuestos a productos de consumo masivo.

El Ministerio de Hacienda se muestra optimista sobre la aprobación de la reforma tributaria, confiando en que el diálogo y las concesiones realizadas durante el debate del presupuesto han creado un ambiente propicio para construir las mayorías necesarias en el Congreso.

Sectores de la oposición en el Congreso, liderados por el senador Efraín Cepeda, han anunciado su rechazo a la reforma tributaria, argumentando falta de transparencia en la propuesta y cuestionando la baja ejecución presupuestal del Gobierno como razón para no aprobar nuevos impuestos.

En una masiva operación de fiscalización, la DIAN detectó 2.270 nuevos posibles proveedores ficticios, reforzando su estrategia contra el uso de facturas falsas para evadir impuestos y advirtiendo sobre las severas consecuencias legales y económicas para quienes incurran en estas prácticas.

A medida que se acercan los plazos finales del calendario tributario, la DIAN insta a los contribuyentes a presentar su declaración de renta para evitar sanciones económicas, que incluyen una multa mínima de $498.000 e intereses de mora, además de posibles restricciones financieras.

El Gobierno reforzará sus acciones de cobro coactivo contra los morosos de impuestos, procediendo con el embargo de cuentas bancarias y otros bienes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y recuperar las deudas pendientes con el Estado.

La DIAN está aplicando sanciones estrictas, incluyendo multas y cierres temporales de establecimientos, a las empresas que no cumplan con la normativa de facturación electrónica, subrayando la importancia de la correcta implementación de este sistema para evitar penalizaciones.