
La propuesta de aplicar una retención del 1,5% a los pagos digitales ha generado una fuerte controversia. Mientras el Gobierno la defiende como una medida de equidad tributaria, una amplia coalición de críticos advierte que podría frenar la digitalización financiera, perjudicar a los pequeños comercios y contradecir los objetivos nacionales de formalización económica.










