
La muerte de Valeria Afanador, dictaminada como ahogamiento, ha derivado en una compleja investigación judicial y administrativa. Mientras la familia exige imputar por homicidio a directivos del colegio por presuntas fallas de seguridad, la Fiscalía avanza con pruebas de ADN al personal de la institución para descartar la intervención de terceros, en un caso que cuestiona los protocolos de cuidado infantil en entornos educativos.










