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El Gobierno Nacional eliminó la propuesta de aplicar una retención en la fuente del 1,5% a los pagos digitales y, en su lugar, estableció una tarifa del 0% tanto para billeteras electrónicas como para tarjetas. La decisión se tomó tras recibir más de 170 comentarios ciudadanos que alertaban sobre el riesgo de incentivar el uso de efectivo, revirtiendo la medida para fomentar la transparencia y la modernización de las transacciones en el país.

La DIAN reclama a Reficar el pago de más de 1,3 billones de pesos por IVA no liquidado en la importación de combustibles desde 2022, insistiendo en que la tarifa aplicable es del 19%. Aunque la DIAN niega haber ordenado embargos, mantiene su exigencia de pago, mientras que Reficar ha recurrido a acciones legales, alegando un cambio de criterio indebido por parte de la autoridad tributaria.

La disputa por el IVA entre la DIAN y Reficar ha generado una crisis que amenaza la operación de la refinería y la seguridad energética de Colombia. Reficar advierte, a través de una tutela, que un embargo la obligaría a detener sus operaciones en pocos días, lo que podría causar desabastecimiento de combustibles, la pérdida de miles de empleos y graves consecuencias financieras para Ecopetrol.

El Gobierno tramita en el Congreso una reforma tributaria para recaudar $16,3 billones, necesarios para financiar el presupuesto de 2026.

Aunque se eliminaron propuestas como el IVA a la gasolina y la cerveza, la reforma mantiene impuestos al patrimonio y a la renta, y busca gravar ciertos productos importados, enfrentando un debate con tiempos ajustados y fuerte oposición.

La ANDI ha pedido al Congreso que archive la reforma tributaria, argumentando que esta afectará gravemente la inversión, la competitividad y el crecimiento económico. El gremio critica el aumento de la carga impositiva a empresas e inversionistas, que podría llegar a superar el 70%, y propone reducir impuestos para fomentar la reactivación en lugar de aprobar una reforma que considera puramente recaudatoria.

La reforma tributaria del Gobierno enfrenta un camino cuesta arriba en el Congreso debido a la falta de apoyo político mayoritario y a un cronograma legislativo ajustado. Partidos clave como Cambio Radical y el Liberal han anunciado su rechazo, y los tiempos para el debate son muy limitados, lo que amenaza la viabilidad de una iniciativa crucial para las finanzas del Gobierno.

El plan del Gobierno de aumentar los impuestos a las bebidas alcohólicas, justificado como una medida de salud pública, ha provocado una fuerte oposición de las gobernaciones y la industria licorera. Advierten que el alza podría reducir drásticamente los ingresos departamentales destinados a salud y educación, además de fomentar el contrabando y afectar miles de empleos en el sector.

La Secretaría de Hacienda de Bogotá está contactando a 1.133 deudores del impuesto ICA para recuperar una cartera de más de $104.000 millones acumulada desde 2012. La entidad ofrece facilidades de pago y acuerdos, pero advierte que procederá con embargos de cuentas y bienes a quienes no se pongan al día, con el fin de asegurar recursos para la inversión pública.

La DIAN ha fortalecido su estrategia contra la evasión fiscal, no solo con sanciones económicas sino también impulsando procesos penales. Delitos como la omisión de retenciones o la ocultación de activos pueden resultar en penas de hasta nueve años de cárcel, y la entidad ya ha denunciado a 1.200 presuntos evasores ante la Fiscalía.

El Gobierno enfrenta un déficit proyectado de $10 billones en el recaudo de impuestos para este año, lo que no permitirá cumplir las metas del presupuesto. Este faltante de ingresos es el principal motor detrás de la nueva reforma tributaria y de la intensificación de las acciones de fiscalización y cobro de la DIAN para combatir la evasión.